Los años ochenta fueron una difícil década para la economía mexicana, comúnmente se le llama “la década perdida” y
fue consecuencia tanto de malas decisiones de gobiernos anteriores como de
condiciones y choques externos desfavorables. Durante el periodo conocido como
desarrollo estabilizador la economía mexicana tuvo altas tasas de crecimiento
con baja inflación. Al agotarse el modelo de sustitución de importaciones, el
gobierno buscaba mantener las altas tasas de crecimiento que se habían visto en
décadas pasadas y para esto enfrentó la disyuntiva de decidir entre 2
posibilidades; liberalizar la economía gradualmente para incentivar a las
empresas a invertir generando aumento en la competencia o impulsar el
crecimiento de corto plazo con gasto público financiado por deuda[1].
El gobierno mexicano eligió la segunda opción y eventualmente llegó a un límite
de endeudamiento, a esto, sumándole las condiciones externas desfavorables (como
la pérdida en los términos de intercambio) llevaron a la crisis de la deuda en
1982.
El sector financiero extranjero suspendió el otorgamiento de nuevos
créditos a México, lo que implicó que el gobierno mexicano se financiara por
ahorro interno y por emisión de dinero por parte del Banco de México, generando
una enorme inflación. Estos hechos se dieron en un entorno de reducción del
producto interno bruto lo que generó que hubiera poco crecimiento y mucha
inflación, resultando en grandes pérdidas en bienestar social con los
inherentes desbalances en las cuentas nacionales producto de la deuda inicial y
la suspensión de crédito externo al país. El propósito del presente ensayo es
analizar si el estancamiento del periodo citado pudo haber sido evitado de
alguna manera por el presidente en turno (Miguel de la Madrid) y hasta qué
punto.
Desde que llegó Miguel de la Madrid al poder sabía que era necesario
estabilizar la economía, por esto el primer año de su gobierno se dedicó a
hacer ajustes tratando de re balancear la economía. Redujo el déficit
presupuestario del gobierno, el primer año se restructuró alrededor del “65% de
la deuda privada externa del país”[2],
esto con el propósito de disminuir la tendencia inflacionaria así como mantener
un presupuesto más balanceado. El gobierno atacó en un principio el problema
desde un punto de vista ideológico ortodoxo, ya que se ataca el problema de la
inflación por el lado de la demanda agregada.
Se había empezado a notar algo de avance, la inflación se vio reducida de 80%
a 59.2% en el año de 1984.2 Hubo un par de choques exógenos que
alteraron el programa de estabilización económica, uno fue el terremoto del 85
con el cual se tuvo que incrementar el gasto público inevitablemente perdiendo
el terreno ganado sobre la inflación por el ajuste fiscal. Por este factor
externo se le otorgó a México el mundial de futbol de 1986, lo cual implica
incurrir en gasto público pero también implica ingresos por servicios como el
turismo, transporte entre otros. Este cambio parece haber sido marginal y al
parecer de un impacto limitado debido a que se conjugó con la caída a nivel
mundial de los precios del petróleo, esta caída se dio por un común acuerdo de
los miembros de la OPEP para intentar sacar del mercado a países poco
competitivos en la producción del petróleo que no pertenecían a la OPEP para
después paulatinamente volver a subir los precios. Estos choques inesperados
que afectaron a las finanzas públicas retrasaron el reajuste económico planeado
y el gobierno de De la Madrid poco pudo hacer al respecto ya que no tenía
acceso al crédito externo y por lo tanto durante ese periodo la deuda interna
se volvió un componente esencial en el financiamiento del gobierno, pero el
gobierno enfrentaba 2 problemáticas a este respecto: un sistema bancario
excesivamente regulado que impedía flexibilidad en las tasas de interés para
captar ahorro interno1 y la falta de credibilidad que generaba por
la alta inflación (ya que unas tasas tan altas de inflación como las que se
tenían incentivaban al gobierno a “licuar” su deuda con ésta). El punto que se puede cuestionar al gobierno
de Miguel De la Madrid es la falta de una reforma fiscal integral que evitara o
redujera la gran dependencia de los ingresos fiscales sobre un activo tan
riesgoso como lo es el petróleo, dado el contexto que se vivía cuando llegó al
poder (1982) con la crisis de la deuda, posiblemente una reforma fiscal que
elevara los impuestos hubiera deprimido más la economía, pero esto supone que
la tasa óptima obtenida de la curva de Laffer es mayor a la que existía en ese
periodo, supuesto que era erróneo como se mostró en el siguiente sexenio. En el
gobierno de Salinas se redujo la tasa del IVA en 5 puntos porcentuales y se
aumentó la recaudación, esto se pudo haber logrado con el gobierno de Miguel De
la Madrid y hubiera impulsado el crecimiento económico y reducido su problema
presupuestario y gasto público inflacionario.
Las transferencias al extranjero como pagos de intereses fueron posible
gracias a la contracción de la demanda interna[4]
y esta se generó con recurrentes devaluaciones con el propósito de generar un
excedente al gobierno que le permitiera captar recursos para financiar sus
transferencias al extranjero y evitar un déficit en la cuenta corriente que
ocasionara una mayor pérdida de reservas para el banco central. “Esta política
de devaluaciones masivas fue el principal factor que contribuyó a la
considerable aceleración de los precios durante 1982-1988”[5],
además de ocasionar inflación, esta medida generó que se redujera la inversión
en activos de capital4 que normalmente se importaban pero con la
devaluación se volvieron excesivamente caros lo que a la postre significó una
reducción de la producción en las industrias que requerían en mayor medida
insumos importados para la producción. El gobierno no tuvo mucho margen de
acción en cuanto a la política de tipo de cambio, hizo lo necesario para evitar
la pérdida excesiva de reservas y para generar un excedente para pagar
intereses y amortización, pero el costo fue grande. Una política que pudo haber
contrarrestado esta situación hubiera sido incentivar la producción doméstica
de los bienes de capital que normalmente se importaban de Estados Unidos exentándolos
de impuestos o bien, subiendo la tasa de depreciación que se exenta de impuestos
lo que se hubiera traducido en , cæteris paribus, un aumento de la inversión y
así evitar una reducción en la producción.
El enfoque que le dio el gobierno en curso al problema de la inflación como
mencioné anteriormente fue “ortodoxo”, enfoque que ignora el hecho de que hay
un factor en la inflación que es inercial, este depende de cuestiones
estructurales e institucionales que no se pueden atacar por el lado de la demanda
agregada, es decir, después de que el gobierno incurra en gasto inflacionario,
aún con política monetaria y fiscal restrictiva la inflación seguirá presente
en la economía. El abordaje al problema de la inflación cambió para 1987, lo
atacaron por el método “no ortodoxo”, para así acabar el problema inercial de
la inflación. Esto se hubiera podido hacer antes, aunque para Aspe (1994),
primero era necesario un periodo de presupuestos balanceados para ganar
credibilidad y esperar un momento en el que el banco central tuviera las
reservas suficientes para llevar a cabo el programa, el tema de la credibilidad
es muy subjetivo, empezar un programa un año antes de
finalizar el sexenio y con el preámbulo de unas elecciones en las cuales el
candidato de la oposición (C. Cárdenas) se veía con bastante fuerza, no me
parece más creíble que hacerlo a la mitad del sexenio cuando ya se habían visto
3 años de presupuestos balanceados, fue tiempo perdido que nunca se pudo
recuperar.
El gobierno de De la Madrid heredó de sus predecesores una gran cantidad de
empresas que significaron 2 cosas dentro de este contexto de suspensión de
crédito externo y alta inflación: por un lado ayudaron a contener la inflación,
ya que mantenían a precios más bajos que los precios internacionales productos
de la canasta básica de la población, y por otro lado implicaban un gran costo
en el presupuesto gubernamental. Una solución fue cubrir gastos de capital con
ingresos de capital, es decir vender las empresas controladas por el gobierno
para cubrir parte de la deuda y así tener mayor márgenes de maniobra para
afrontar eventualidades futuras[6],
al hacer esto la contención de la inflación desaparecía, para corregir esto fue
necesario abrir la economía a la inversión extranjera para así fomentar la
competencia y los precios de los bienes comerciables tenderían a bajar,
afectando a su vez a la baja los precios de los bienes no comerciables. A
partir de la nacionalización de la banca se había iniciado el proceso de privatización
de empresas públicas, pero dándole prioridad a las que no fueran tan
estratégicas y con los recursos generados se cubrían parte de las
transferencias al exterior, pero esto se había hecho de una forma gradual. Lo
óptimo según algunas opiniones hubiera sido hacerlo desde el principio del
sexenio6, además de cubrir deuda interna en lugar de externa para
así reactivar de alguna manera la economía sin incurrir en gasto inflacionario,
ya que una de las variables más relevantes para el crecimiento económico que
cayó más significativamente fue la inversión, producto de un sistema bancario
ineficiente y con poca capacidad para atraer ahorro dada la desconfianza en el
sistema y la deuda interna del gobierno.
En conclusión, el gobierno de Miguel de la Madrid enfrentó grandes
problemas de fondo que venían de sexenios pasados y estos problemas se
acentuaron con choques exógenos desfavorables que hicieron más evidente y
agravante la situación, pero considero que su administración sí pudo haber
hecho más en su intento por evitar el estancamiento económico, pero fue más una
cuestión de tiempos que de formas; como incentivando la inversión desde
iniciado el sexenio (y no hasta el PAC[7]
en 1986), y así evitar el estancamiento económico y conjuntamente atacar el componente
inercial de la inflación con reformas estructurales (como privatización de
empresas estratégicas), acuerdos con instituciones y con sindicatos de
diferentes industrias para des indizar los salarios a la inflación y evitar espirales
inflacionarias. Por último el problema que históricamente han adolecido las
finanzas gubernamentales en México es la escaza recaudación, lo que se traduce
en un reducido margen de maniobra para el gobierno en caso de darse choques que
afecten negativamente a las variables macroeconómicas, lo que se requería era
hacer más eficiente la recaudación y reducir la tasa del IVA ya que la óptima
se encontraba por debajo de la existente en el periodo, lo que hubiera generado
recursos y crecimiento económico en el corto plazo.
Bibliografía
Thorp, Rosemary (1998), Progreso, pobreza y exclusión. Una historia
económica de América Latina en el siglo XX , BID. capítulo 7, pp. 215-255.
Hernández, Fausto (2003), La economía de la deuda. Lecciones desde México,
México, FCE pp.142-165
Cárdenas, Enrique (1996), La política económica en México, 1950-1994 FCE Capítulo 4. pp. 118-152.
Brailovsky, Vladimiro (1994), "Las implicaciones macroeconómicas de
pagar; las respuestas de política económica ante la "crisis" de la
deuda en México, 1982-1988”; en G. Castañeda (editor); La economía mexicana, un
enfoque analítico, capítulo 7, pp.
275-331.
Lustig, Nora (1994), México. Hacia la reconstrucción de una economía, El
Colegio de México- FCE, capítulo 3, pp.97-134.
Aspe, Pedro (1993), El camino mexicano de la transformación económica;
México, Fondo de Cultura Económica; capítulo 1, pp. 13-61.
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